Tras la reciente autorización para que la investigación de la Situación Venezuela I prosiga, la abogada experta en Derecho Internacional, ex directora del CDH-Unimet y actual miembro de la ONG Civilis DDHH, señala que habrá que esperar para saber cuál será la estrategia del Estado venezolano que hará todo lo posible para evitar que el proceso avance rápidamente, incluso evalúe la posibilidad de retirarse del sistema de la Corte
El pasado 21 de abril la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación (VPRS) de la Corte Penal Internacional emitió su informe tras recibir de manera masiva testimonios de venezolanos que sienten que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad, y autoriza al fiscal Karim Khan a continuar la investigación sobre la situación Venezuela I. ¿Usted se esperaba que la participación fuese tan abrumadora teniendo en cuenta varios factores como la desconfianza, el miedo, el tiempo transcurrido desde los hechos?
Creo que era previsible que las víctimas utilizarán el espacio que se les abrió para esta consulta en la Corte Penal Internacional considerando que hemos escuchado en muchas oportunidades testimonios de víctimas, tanto recogidas por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas como por la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos en los que manifiestan desconfianza en el sistema de justicia nacional y consideran que el espacio donde van a conseguir realmente justicia es en el plano internacional. En consecuencia, debido a la expectativa de que puedan tener voz en un espacio tan importante como la Corte, en una incidencia como se desprende de la aplicación del artículo 18 del Estatuto de Roma pues sí era previsible, en mi opinión, que hubiese una alta participación de esas víctimas que están deseosas de alcanzar la justicia, que saben que el camino para lograrlo es largo y lleno de obstáculos, que lleva mucho tiempo, pero aun así están dispuestas a recorrerlo porque creen que es necesario obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Las autoridades venezolanas han pedido revisar la información que se les entregó a la sección de víctimas para dar una respuesta y alegan el derecho a la defensa y que en el informe aparecen casos nuevos.
Sí, ahora bien, la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación al momento de la consulta dejó claramente establecido que la información que recibiría iba a ser confidencial. Creo, entonces, que lo que podría ocurrir es que la Sala le permita al Estado venezolano dar una respuesta al informe público, pero no entregará información confidencial porque eso pondría en una situación de vulnerabilidad a unas víctimas que le indicaron a la Corte que sentían temor frente a la actuación del Estado.
Y lo dice el informe que se publicó. Aun cuando las víctimas no tienen la cualidad de parte en el proceso, porque todavía no son formalmente entendidas como víctimas en tanto que no hay una identificación de casos en la investigación, sí es cierto que igual la Corte no las puede poner en una situación peor o que se genere una posibilidad en la que estas víctimas puedan correr un riesgo por una acción de la Corte, sobre todo las que están en Venezuela.
Antes de conocerse esa respuesta formal del Estado, un alto jerarca del gobierno se refirió a la decisión de la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación como “una orden de Estados Unidos” “una fijación del fiscal Karim Khan con Venezuela” y lamentablemente es el discurso que repite una parte de la población que apoya al gobierno. ¿Qué tan errada es esa percepción y que tanto afecta la comprensión en el resto de la población respecto a los hechos que indican que presuntamente sí se cometieron y siguen cometiendo estos crímenes en el país?
Sobre la situación Venezuela I es importante destacar algo que se ha dicho de manera reiterada que en Venezuela han ocurrido graves violaciones de derechos humanos, lo ha dicho el Sistema Regional de Protección a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha presentado varios informes sobre Venezuela y su situación de derechos humanos, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ha condenado al Estado venezolano por violaciones de derechos humanos; también lo ha hecho la OEA propiamente y el secretario general de la OEA con un panel de expertos independientes que presentó un informe y posteriormente ha hecho seguimiento a la situación, indicando que no solo habían ocurrido violaciones de derechos humanos, sino que algunas de ellas habían alcanzado el umbral de crímenes de lesa humanidad. Y ese informe fue utilizado por Estados de la región para hacer la remisión que se hizo en la Corte Penal Internacional en 2018. El Sistema Universal de Protección también ha hecho distintos informes e incluso el Consejo de Derechos Humanos de ONU está haciendo especial seguimiento a la situación de derechos humanos en Venezuela y ha creado o ha establecido mandatos para dos mecanismos o dos órganos, uno es la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos y el otro es la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos.
En el caso específico de la Misión ha indicado que en Venezuela han ocurrido graves violaciones de derechos humanos y que en algunas de éstas tienen motivos razonables para creer que han alcanzado el umbral de crímenes de lesa humanidad. Y este es el análisis también en el que ha avanzado la Corte, específicamente la oficina del fiscal Khan, quien considera que hay motivos razonables para creer que han ocurrido crímenes de la humanidad en Venezuela y por eso avanza al proceso de investigación a la fase de investigación. La Corte es un espacio de justicia, es un tribunal, por lo que creer que hay una amplia influencia política no es cierto. Sabemos que sí hay unos niveles de influencia porque incluso el sistema de la Corte Penal Internacional está integrado por la Asamblea de Estados parte, que es un conjunto de Estados que firmaron el Estatuto de Roma y que toman decisiones en cuanto el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, pero siempre se ha pretendido o se busca que la influencia política sea mínima, entendiendo que en definitiva eso es un espacio de justicia. Y en eso se han enfocado y con mucha fuerza lo hizo la fiscal Fatou Bensouda y es la línea que hemos visto ha seguido el fiscal Karim Khan es en los mismos términos, establecer o hacer ver que estamos frente a un sistema que funciona de manera independiente e imparcial, y que lo que procura es hacer justicia.
¿Qué pasos siguen ahora en el proceso en la CPI?
Es muy importante saber que el proceso ante la Corte tiene varias fases. La primera es el examen preliminar, que la situación Venezuela I ya lo superó. La segunda es la investigación, que tiene también distintos momentos; de hecho, la investigación en este punto está paralizada hasta que se decida la incidencia vinculada al artículo 18. Pero si se le autoriza al fiscal Khan reanudarla lo siguiente que debería ocurrir es la identificación de los casos con lo cual se identificaría a los presuntos responsables, las víctimas y se levantarían las pruebas para luego pasar a la siguiente etapa, que es el juicio.
No hay una temporalidad establecida para eso. Puede transcurrir meses, años, no hay un tiempo especificado en el Estatuto de Roma para llevar adelante esas etapas. Lo que sí sabemos es que el Estado venezolano va a utilizar todas las herramientas que tiene en sus manos para lograr que el proceso sea lo más lento posible para evitar que se avance rápidamente ante el sistema de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que viene ahora es la posibilidad de que la Sala de Cuestiones Preliminares le permita la reanudación de la investigación al fiscal Khan y que él avance en su proceso, pero el Estado venezolano trate de limitar esto, realizando una apelación a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.
De nuevo, veremos cuál va a ser la estrategia del Estado venezolano, que incluso tiene la posibilidad en sus manos de lo que han hecho otros Estados y que se asomó en algún momento durante esta etapa, que es la de retirarse del sistema del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Ahora, ese retiro no evita que avance la investigación, sino que demostraría la falta de cooperación del Estado, la falta de voluntad en la búsqueda de justicia y la prevención de crímenes atroces. Pero no evita que se avance en la investigación, pero obviamente genera obstáculos en los procesos porque dejarías de tener la cooperación del Estado parte.
¿Tiene sentido que la investigación en la CPI sea utilizada como arma política frente al cronograma electoral del próximo año o el proceso de negociación con la oposición?
La Corte Penal Internacional es un espacio de justicia, es un tribunal y, en consecuencia, esas son las bases que guían su actuación junto a la prevención de crímenes atroces. Conforme a lo señalado en el Estatuto de Roma, los aspectos políticos que puedan rodear una situación no deben tener mayor efecto en el proceso en la Corte porque, de nuevo, lo que se está procurando allí es justicia. Creo que eso es fundamental para deslindar el proceso en la Corte de cualquier acción política, tanto las elecciones como eventuales procesos de negociación o actuales procesos de negociación, porque no puede haber una relación entre ambas cosas dada la cualidad de todo tribunal de ser independiente e imparcial, y especialmente la Corte Penal Internacional que procura la justicia frente a casos tan terribles como los genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o los crímenes de agresión.
Como defensora de DDHH ¿cómo se siente con el ritmo de respuestas que hasta ahora ha dado la CPI sobre el caso Venezuela I y lo que significa para las víctimas?
Creo que vale mucho la pena destacar la importancia que le dio la Sala de Cuestiones Preliminares a las víctimas, reiterando su criterio ya expuesto en situaciones anteriores como el caso de Afganistán y de Filipinas en los que le dio voz a las víctimas en procesos o incidencias conforme al artículo 18 del Estatuto de Roma. Entonces, vemos que le da importancia a una exigencia que le hizo la sociedad civil a la Corte Penal Internacional de que les dé a las víctimas el rol protagónico. Y creo que la acción de la Sala de Cuestiones Preliminares está orientada a cumplir con este punto que también es una de las recomendaciones que hizo el Panel de Expertos Independientes. Aun así, la Corte no es todo lo eficiente que quisiéramos, me refiero a la comunidad internacional en general que ha visto en la Corte ese avance positivo de tener una Corte Permanente que procure la justicia frente a crímenes atroces que ocurren en el mundo y que además prevenga la ocurrencia de nuevos crímenes atroces.
Entonces, la eficiencia de la Corte es una prioridad y se mide en tiempo de respuesta para hacer justicia a fin de evitar la justicia tardía, hay situaciones como las de Afganistán o Colombia en las que el tiempo que han durado los procesos ha sido tan largo que obviamente las víctimas sienten profunda frustración. En el caso venezolano el proceso no ha sido tan largo como los dos ejemplos anteriores que nombré, pero como todo en los sistemas internacionales tiende a ser más dilatado y además, como el Estatuto de Roma no establece lapsos, pues no hay esa presión sobre el cumplimiento de los mismos. Aun así, de nuevo, una de las recomendaciones que se le hicieron a la Corte es ser más eficiente. Entonces, se esperaría que avanzara en ese sentido, lamentablemente, la misma Corte ha anunciado que tiene pocos recursos y que en consecuencia los que tiene los destina por prioridad y en la actualidad está dando prioridad a Ucrania. Creo que la Corte siempre va a poder mejorar, y las víctimas, por lo que vimos como respuesta ante la consulta, tienen confianza en la actuación de la Corte Penal Internacional.
Fuente: Crisis en Venezuela