Confidencias de un secuestrador blindado por fiscales, jueces y magistrados, Por José Luis Centeno

José Luis Centeno

Abogado secuestrador compra voluntades e influye en decisiones judiciales

La acción de influenciar a un fiscal o juez es como sembrar una semilla de corrupción en el sistema judicial, ya que es ilegal, va en contra de la ética y las reglas de conducta legal, y genera delitos graves contra la administración de justicia. Irónico, el secuestrador aludido persiste en ello.

El abogado Julio César Pérez Rivas es el autor material del secuestro de un menor, en complicidad con funcionarios judiciales, quienes, además, se esfuerzan en favorecerlo en procesos sin justa causa incoados por él y su esposa contra quien ellos llaman “el árabe”, padre del menor secuestrado, para tenerlo ocupado en defenderse, sin lograr justicia, menos, tener a su hijo de vuelta.

“Francisco Linares es el nuevo jefe […] de la Sala de Casación Penal. […] porque es el asistente, la mano derecha de Elsa Gómez […] la presidenta nueva de la Sala Penal […] la que manda es Elsa Gómez y tiene su asistente que le gustan los reales […] y es muy amigo de mi compadre Luis Pérez, que es hermano mío […] con Francisco Linares […] estamos hechos, Alfonso [Caraballo] nos va tener que mamar el guevo […]”.

La conclusión que se podría sacar de la cita anterior, extraída de una nota de voz que Pérez Rivas le envió el 31/05/2023 a su abogado, Ángel María Rendón Pérez, es que él persiste en influir en el resultado de los procesos judiciales en los cuales está inmerso “el árabe”, algo que ha hecho hasta ahora, comprando voluntades, lo deja ver respecto a Francisco Linares.

Recordemos, Julio César Pérez Rivas le hacía llegar dinero, regalos, a Francia Coello y Yanina Karabín con su abogado, Rendón Pérez, por ellas consentir tener al “árabe” enredado en causas viles. Obvio, sumó nuevos cómplices en el TSJ a la madeja delincuencial fraguada por él.

Ese tipo de conducta indebida es ilegal, igual el secuestro del menor hijo del “árabe”, pero se la cohonestan otros funcionarios como Luis “Abello” y Alfonso Caraballo, Coordinador del Circuito de Violencia del estado Aragua, ambos en el umbral de un acto grotesco, por el cuadre con Linares en el TSJ,

“Hay que moverse Ángel, el árabe se está moviendo durísimo […] Hay que moverse Ángel, de verdad […] las noticias escoñetan […] sino le damos duro a todas las causas, que lo imputen y lo acusen, para que él tenga la cabeza distraída en defenderse en esas causas, nos escoñeta con las noticias.”

En las palabras del secuestrador se aprecia, algo habitual en Venezuela actualmente, su esfuerzo para controlar y manipular decisiones judiciales.

“A mí no me conviene esa noticia, que al Fiscal General le llegue el tema del secuestro del niño. Porque eso hace que nos citen, para imputarnos allá y tú sabes que al no comparecer para una imputación, al tercer llamado te libran una orden de aprehensión. […] Entonces [al árabe] hay que atacarlo bastante.”

Se trata de encubrir delitos cometidos, de eludir responsabilidades, y se aprovechan de la administración de justicia para hacerlo. El ataque planteado, denota que no es el primer intento de evitar la responsabilidad legal, lo que refuerza la idea de que la intención es encubrir delitos, lo cual se viene logrando también con ayuda de aliados en el Ministerio Público.

“El amigo mío, Gabriel Herrera [Fiscal 6º – Aragua], que me está ayudando con el fiscal Michel [Cordero Valdemir], que es el fiscal de la 22 (Nacional), me dijo que es momento para volver a declarar en una nacional en Caracas, que hagamos una declaración para ver si salvamos la causa […] declarando que Yudexi le comentó a Ana que el árabe quería matar a Julio César […] ahí enredamos la vaina, por lo menos para que no sobresean”.

A simple vista, la idea es implicar a alguien más en el caso, para evitar el sobreseimiento de una de las causas al “árabe”.

“[…] Juan Infante, que es un Fiscal Auxiliar [en la Fiscalía Superior – Aragua] fue el que llamó […] delante de mi suegra, llamó por teléfono a la Fiscalía 26 […] les dijo que tenían que acusar […]”.

Este párrafo, al igual que los anteriores, sugiere la manipulación en el proceso de investigación, imputación y acusación. En consecuencia, la falta de imparcialidad en el sistema legal venezolano, visto desde una infame perspectiva particular, común a múltiples causas penales.

La lista de fiscales tarifados en el Ministerio Público, se alarga en boca de Pérez Rivas:

Adriana Useche, Katherín Botardo, Gabriel Herrera, Michel Cordero Valdemir, Juan Infante, por supuesto, Franklin López, el Fiscal Superior de Aragua, según él, su “pana y mejor colaborador”, lo cual explica que no haya prosperado ninguna de las acciones intentadas por “el árabe” ante ese despacho fiscal.

Las acciones prohibidas y condenables referidas, exigen denunciar formalmente a los involucrados, puesto que sus implicaciones van más allá de la afectación de un simple mortal, redundan en la putrefacción del sistema judicial venezolano, lo cual nos atañe a todos como sociedad.