En su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, afirmó que los ataques al espacio cívico y democrático en el país se están intensificando, a través de políticas estatales que buscan silenciar la crítica al Gobierno de Maduro. La intervención de Marino Álvarado, Coordinador de Exigibilidad de Provea, en el Consejo de DDHH enfatizó cómo estas políticas de persecución a la disidencia ha afectado a líderes sindicales. El informe de la Misión denunció la preocupante campaña de estigmatización y ataques contra Provea.
En su investigación durante enero de 2022 hasta agosto de 2023, la Misión también documentó al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de torturas contra personas detenidas y 19 casos de violencia sexual y de género.
Por su parte, Relatores Especiales de Naciones Unidas expresaron su preocupación al Gobierno de Venezuela, por la aprobación en primera discusión, del Proyecto de Ley Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines, al considerar que podría afectar el ejercicio y respeto de los derechos humanos en el país.
