La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, durante una audiencia convocada por la Sala de Apelaciones.
En respuesta al recurso presentado por el gobierno de Maduro en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal Karim Khan a continuar la investigación en Venezuela, la Sala de Apelaciones convocó hace varios meses a dos audiencias, este 7 y 8 de noviembre, en las que participa representación de oficialismo y de las víctimas venezolanas.
La Sala de Apelaciones estuvo integrada hoy por el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente; el magistrado Piotr Hofmański; la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza; el magistrado Solomy Balungi Bossa; y el magistrado Gocha Lordkipanidze.
Mientras que en representación del gobierno de Maduro acudieron el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yvan Gil, el secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe y Karen García de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Corte Penal Internacional rechazó argumentos
Perrin de Brichambaut dio inicio a la audiencia poniendo en contexto el caso de Venezuela y solicitando a las partes evitar referirse a información clasificada de la investigación, debido al carácter público de la sesión.
Emmerson, por el gobierno de Maduro, argumentó ante la CPI que “el procedimiento previsto en el Estatuto de Roma en cuanto al principio de complementariedad no ha sido respetado”.
También señaló que la Sala de Cuestiones Preliminares no dio a Venezuela información sobre edad, fecha, ubicaciones específicas de los incidentes, ni el número aproximado de las víctimas o el grupo, el colectivo o las personas responsables de estos incidentes.
“Es imposible que un Estado dé una notificación efectiva o pedir un aplazamiento, cuando la Fiscalía solo ha dado una lista de crímenes de los que se sospecha. No se han notificado los crímenes que se pretende investigar”, afirmó Emmerson.
Además, el abogado afirmó que la decisión de continuación con la investigación en Venezuela se basó solo en especulaciones.
Para responder a los señalamientos del gobierno de Maduro, la representación de la Fiscalía de la CPI explicó que el organismo no tiene porque identificar los actos criminales específicos que se pretenden investigar.
“Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el fiscal pretende investigar. Nosotros, con respeto, estamos en desacuerdo. La notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar”, indicó el organismo.
La representante de la Fiscalía también señaló que la notificación que se hizo al Estado venezolano no tiene como objetivo ser un vehículo para que el gobierno de Maduro pueda disputar los crímenes presuntos ocurridos, como asegura se ha hecho.
«El objetivo de la notficación es permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades”, indicó.
La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI respaldó la posición de la Fiscalía de que su notificación no debía identificar hechos penales específicos que se pretendían investigar porque no siempre es fácil en el momento en que se inicia esa investigación.
Por su parte, María Corina Machado dice que en la CPI “quedó demostrado que el régimen no ha investigado los crímenes en contra de venezolanos”*, además de su poca calidad argumentativa y la pésima estrategia procesal.