Voceros del chavismo, como el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, han presentado cifras sobre la cantidad de personas que figura en cada grupo:
Trabajadores públicos: 3,3 millones de personas.
Pensionados: 5,5 millones de personas.
Jubilados: 3 millones de personas*.
*Muchos jubilados cuentan también con pensión, pero el Gobierno no separa estas cifras, por lo que hay personas que se cuentan dos veces, como pensionado y también como jubilado.
Distintos bonos de guerra
El Gobierno decidió denominar con el mismo nombre de «Bono de Guerra Económica» a tres bonos que, en la práctica, no son iguales, ya que se trata de tres montos distintos y se otorgan a tres grupos diferentes de beneficiarios.
Estos son los montos diferenciados para cada grupo:
Bono de Guerra Económica para pensionados: $ 25. Aumentó solo $ 5 (25 %) desde los $ 20 que pagaban desde mayo de 2022.
Bono de Guerra Económica para jubilados: $ 70. Aumentó $ 21 (43 %) desde los $ 49 que pagaban desde mayo de 2022.*
Bono de Guerra Económica para trabajadores activos: $ 60. Aumentó $ 30 (100 %) desde los $ 30 que pagaban desde mayo de 2022.
*Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el bono para jubilados tiene una fórmula de cálculo: corresponde al 70 % del «ingreso mínimo integral» de los trabajadores de la administración pública. Es decir, se paga $ 70 a los jubilados porque es el 70 % de los $ 100 que reciben los trabajadores activos.
¿Si el beneficiario es pensionado y jubilado? El Gobierno no ha aclarado públicamente los criterios específicos que toma en cuenta al momento de pagar el Bono de Guerra Económica. Una de las grandes lagunas es qué ocurre cuando el beneficiario es tanto pensionado como jubilado.
A pesar de la falta de información oficial, los beneficiarios que forman parte de ambos grupos denuncian que no reciben los dos bonos, sino únicamente el que corresponde a los jubilados.
En este mismo caso, el mayor sueldo al que puede aspirar un funcionario en esta categoría es al nivel 10 en el cargo de supervisor, con una ganancia máxima de Bs. 257,38 ($ 7,14). La diferencia entre el primer escalafón y el máximo para un obrero en la administración pública es de tan solo 3,5 dólares.
Sustento legal
En el pasado, todo esquema salarial tenía un sustento en las leyes del país. Incluso aquellas decisiones que no eran especificadas en la ley, tenían un decreto que las respaldaba. De esta manera, se establecían las reglas de juego que debían respetar tanto empleadores como trabajadores.
Los aumentos salariales solían hacerse oficiales con un decreto en el cual se establecía un salario mínimo mensual obligatorio, el monto del cestatique, una escala general de sueldos para funcionarios públicos y un tabulador general salarial para obreros de la administración pública. Este sostén normativo queda en el olvido con los pagos a través de bonos.
El último documento legal publicado para normar el salario mínimo fue el Decreto N° 4.653, con fecha del 15 de marzo de 2022, que sigue vigente en la actualidad. Desde ese momento, el Gobierno dejó el salario de lado y se centró en los bonos.
Con el ajuste de bonos del 1 de mayo de 2023, el Gobierno publicó un decreto para normar el cestatique y el Bono de Guerra Económica. Se trata del Decreto N° 4.805, que establece el monto de Bs. 1.000 para el cestatique y Bs. 750 para el bono a trabajadores activos. Sin embargo, estos montos nunca fueron actualizados.
El mismo documento indica que el Ejecutivo ordenaría un ajuste mensual «en función del tipo de cambio», dejando en la ambigüedad la supuesta indexación prometida por el Ejecutivo. Desde ese entonces, en efecto, las remuneraciones han sido actualizadas mensualmente, pero no hay un documento que respalde los montos específicos que deben cobrar los trabajadores.