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Entre tomates, zanahorias y cambures, Por Ptlg Lidis Méndez

Ptlg. Lidis Méndez

Lidis Méndez

En los últimos días, la sociedad venezolana ha sido testigo de videos y testimonios que revelan la difícil situación que enfrentan los agricultores en Venezuela, específicamente en el Occidente del país debido a la escasez de gasolina. Uno de los casos más recientes ocurrió en el estado Mérida, donde un productor de cambures se vio obligado a botar toda su cosecha debido a la imposibilidad de transportarla a los mercados por falta de combustible.

Este desgarrador episodio refleja la cruda realidad del campo en la zona andina y pone de manifiesto las graves consecuencias que la escasez de combustible tiene sobre la producción agrícola. Los agricultores, que ya enfrentan numerosos desafíos en su labor diaria, como la falta de insumos, altos costos y dificultades logísticas, ahora deben lidiar con la incapacidad de trasladar sus productos debido a la escasez de gasolina.

En el video difundido en las redes sociales, el productor de cambures expresa su frustración y tristeza al tener que desechar su cosecha en el río. Durante cuatro días, buscó desesperadamente gasolina por diferentes medios, pero no logró surtir su vehículo. Esta misma historia sucedió con los tomates y cambures en otras localidades.  No se debe criticar, mucho menos privar de libertad a los agricultores que se ven obligados a tomar decisiones tan desgarradoras debido a la falta de combustible. El andino se caracteriza por ser muy trabajador, solidario, amable con el medio ambiente, y por sobre todas las cosas guardián de su tierra y su gente.

Es importante destacar que la falta de acceso al combustible en la región Andina no solo afecta a la economía de los agricultores, sino también a la seguridad alimentaria de la población. La pérdida de cosechas significa menos alimentos en el mercado, lo que a su vez contribuye al aumento de los precios y la escasez de productos básicos. Esta situación pone en peligro la seguridad agroalimentaria del país y afecta directamente a la población más vulnerable.

Ante este grito de auxilio, es preocupante que la respuesta de las autoridades sea la detención y acusación de los agricultores andinos por supuesto boicot económico. En lugar de buscar soluciones a la escasez de gasolina y apoyar a los productores, se les castiga por una problemática que está fuera de su control. Esta actitud solo agrava la crisis y dificulta aún más la labor de los agricultores, que no deben ser tratados como los delincuentes que arruinaron a PDVSA.

Es hora de que las autoridades reconozcan la magnitud de la crisis y tomen acciones concretas para resolverla. Se requiere una planificación estratégica y una gestión eficiente que garantice el suministro de combustible necesario para el sector agrícola en el occidente del país. Además, es fundamental que la sociedad merideña brinde apoyo a los agricultores, quienes desempeñan un papel crucial en la seguridad y soberanía alimentaria de la nación.

Asimismo, es imprescindible abrir espacios de diálogo con los productores y escuchar sus necesidades y propuestas. Solo a través de la colaboración entre el sector público y privado, y el fortalecimiento de la inversión en el campo, se podrá superar esta crisis y alcanzar una verdadera reactivación agrícola.

La situación que viven los agricultores andinos es desgarradora y requiere la atención y solidaridad de todos los sectores de la sociedad. Es momento de unir fuerzas para encontrar soluciones y apoyar a aquellos que trabajan arduamente para proveernos de alimentos.

Además, es necesario establecer canales de comunicación y coordinación entre los agricultores y las autoridades locales, regionales y nacionales. Esto permitirá una mejor planificación y organización para el transporte de los productos agrícolas, identificando soluciones conjuntas y alternativas viables en situaciones de escasez de combustible.

Todos, como sociedad, debemos reflexionar sobre la importancia de apoyar y valorar el trabajo de los agricultores, su situación es alarmante y requiere una respuesta proactiva y no destructiva por parte de las autoridades y la población en general.

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