Jhonny Romero presidente del Comité Nacional de Familiares de los Desaparecidos.

En el país se contabilizan al menos cien desaparecidos que zarparon hacia Trinidad y Tobago y Curazao entre abril, mayo y junio del 2019.

En febrero del 2020 funcionarios del Ministerio Público prometieron a familiares de  que serían designados nuevos funcionarios para investigar los casos, pero todo quedó en palabras

El Comité Nacional de Familiares de los Desaparecidos en las Costas Venezolanas presentaron a funcionarios del Ministerio Público (MP), documentos en los que, de nuevo, exigen a las autoridades abocarse a investigar el paradero de más de un centenar de personas a las que se le perdió el rastro desde 2019.

El presidente del comité, Jhonny Romero, dijo que una vez más acuden al organismo debido la falta de diligencia de las autoridades. Aseveró que la actuación de los funcionarios no ha pasado de «conversaciones» que no se reflejan en los expedientes.

Son 150 personas, las que resultado desaparecidas tras zarpar a las aguas del mar Caribe desde 2015 en diferentes zonas costeras del país, quienes exigieron a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones.

Consideran que tales desapariciones no guardan relación con naufragios, pero sí con organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas.

La denuncia fue difundida en Twitter por la oenegé Fundaredes, que compartió un video en el que los familiares, agrupados en el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela, aseguran que, entre los desaparecidos, hay personas que intentaban migrar a través de las costas y pescadores que salieron a trabajar.

La organización aseguró que estos ciudadanos se perdieron luego de salir en embarcaciones desde las costas de Falcón, Nueva Esparta y Sucre, y que sus familiares denuncian que en los nueve casos hubo la misma modalidad que involucra a una red de tráfico y trata de personas.

«Es preocupante que los sectores de las costas se han convertido en zonas de informalidad y de clandestinidad. Los jóvenes son captados a través de ofertas laborales engañosas que resultan en una posible deportación, naufragio, desapariciones o hasta la muerte», señaló la oenegé.

Los familiares se agruparon este jueves a las afueras de la sede principal de la Fiscalía, en Caracas, y solicitaron la incorporación de su comité en el plan nacional contra la trata de personas, creado por el Ejecutivo nacional en 2021.

Los familiares de 32 migrantes que emprendieron un viaje en una embarcación, desde Falcón hacia Curazao, denunciaron que se mantiene la impunidad por su desaparición hace cuatro años, por lo que exigen justicia al Estado.

La oenegé Caleidoscopio Humano recordó que la embarcación partió el 7 de junio de 2019, pero nunca llegó a su destino final.

Familias Víctimas de los desaparecidos en embarcaciones en alta mar, piden justicia ante el Ministerio Público en #Caracas. pic.twitter.com/W5KRcTx8NZ

— FundaREDES (@FundaREDES_) June 8, 2023

«Ha habido falta de voluntad y hasta complicidad entre las autoridades. Hay efectivos de la guardia Nacional y del Cicpc que están implicados y los premiaron cambiándolos de cargo en otros estados. No es justo que estén libres mientras nuestros familiares están secuestrados y nosotros sufriendo», expresó.

Un mes después de la desaparición del bote Jhonaily José, se le perdió el rastró a las más de 30 personas que iban a bordo de bote Ana María, que zarpó desde las costas de Güiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago. Al mes siguiente, en junio, se produjo la desaparición de los pasajero de La Vela de Coro.

Andy Villegas, Kelly Zambrano, Adrian Mata, Jhodelvis Matthei, Cesar Zorrillo, Josmarlys Gómez, Onel López, Oscar López, Alejandro Peña, Deivis Sucre, Anthony Monserrat, Carlos Merchan, José Bernard, Christian Martínez, José Bello, Darwin Cedeño, Génesis Reinosa, Naiduska Sifontes, Luisiannys Rodríguez, Adrian Martínez, Ani Villalobos, Luis Guanipa, Marolly Bastardo, Khaterine Berra, Dylan Berra, Victoria Berra, Franklyn Corderon, Giovanny López, Winder Blanco, Antonio López, Silvia Cortéz, Jesús Brito. Ellos siguen desaparecidos desde hace 24 meses.

La actuación de las autoridades ha sido lenta en esta materia. Al cierre de ese año fue que el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, reconoció la existencia de bandas dedicadas a la trata y al trafico personas desde Güiria, estado Sucre; ello luego del naufragio ocurrido entre las costas de esa localidad sucrense y Trinidad y Tobago en el que murieron ahogadas más de 20 personas.

En su cuenta de Twitter, el funcionario por primera vez en 15 meses se refirió al caso de la desaparición de más de 60 personas tras zarpar hacia la isla caribeña en los botes Jhonaily José y Ana María, el 23 de abril y el 16 de mayo de 2019, respectivamente.

Anunció la activación de la alerta roja en la Interpol contra Alberto Abreu, capitán de la segunda embarcación y quien ha sido señalado de integrar una de estas bandas.

A finales de ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al régimen de Nicolás Maduro brindar información sobre la investigación de las desapariciones de los venezolanos.

Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron especificar las medidas legislativas que se han adoptado para proteger a las personas de la trata de persona, prevenir la explotación laboral o sexual y supervisar las agencias privadas de contratación.

En el comunicado, también dirigido a los gobiernos de Aruba, Bonaire, Curazao y Trinidad y Tobago, los relatores manifestaron su preocupación por la «aparente» falta de acciones efectivas por parte de las autoridades venezolanas para impedir la trata de personas e investigar y enjuiciar a los involucrados. Hasta ahora se desconoce si el gobierno respondió al exhorto.

 

Por The EL News

Enrique López Alfonzo Director - Editor The EL News.com Premio Latinoamericano de Oro Periodista de Investigación 2021 ÷584245428120

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