“En Venezuela, el sistema de justicia carece de independencia e imparcialidad” De esta manera dio inicio a su participación Faisal Yamil, vocero del International Service of Human Rights que intervino en el diálogo interactivo de la presentación del Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Venezuela.
La participación de la sociedad civil en la 53º Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se caracterizó por reunir solicitudes al Consejo de medidas de protección a la sociedad venezolana que conlleven al cese de la criminalización a la disidencia, las detenciones arbitrarias y represión como patrón sistemático de censura y control.
“Tal como lo evidencia el nuevo informe de la coalición Justicia y Verdad, no ha habido mejoras sustanciales y las estructuras que condujeron a la emergencia humanitaria compleja y violaciones sistemáticas de derechos humanos se mantienen” mantuvo Yamil en su discurso.
De igual forma denunció Amnistía Internacional, a través de su vocera Clara del Campo, que “Las detenciones arbitrarias son parte de la enraizada política de represión del gobierno como forma de reprimir la disidencia y controlar a la población”.
Aula Abierta también formó parte del grupo de organizaciones que manifestaron preocupación por el cierre del espacio cívico en Venezuela, denunciando la aprobación de cinco leyes que pretenden criminalizar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. “El cierre del espacio cívico afecta a 19 millones de personas con necesidades humanitarias, lo cual representa un 171% más que los 7 millones que admite el gobierno” apuntó su vocería.
Otras organizaciones también manifestaron preocupación por la situación de salud de algunos presos de conciencia como es el caso de Javier Tarazona, sindicalistas y defensores miembros de comunidades indígenas, así como otras personas que han sido detenidas de manera arbitraria.
De igual forma se hizo énfasis en la preocupación por el aumento de persecuciones en un contexto pre-electoral, y cómo “la falta de instituciones de justicia funcionales expone a estos defensores a serias retaliaciones, afectando directamente a las víctimas que representan y acompañan”.
En este sentido, se hizo un llamado al seguimiento a las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos y una vigilancia más rigurosa en lo que respecta a su implementación para “evaluar de forma objetiva y transparente la cooperación real del Estado y su disposición a atender y transformar la crisis de DDHH que aún impera en el país” aseguró el vocero de ISHR.
