La Justicia en Juego: Corrupción y Abuso de Poder en el Sistema Judicial Venezolano, Por Robert Alvarado

Veraz
“La justicia tardía es injusticia.” William E. Gladstone


Las prácticas insanas en la administración de justicia, parecieran multiplicarse por doquier. El ciudadano Raúl José Saud Ramos, propietario de una finca en Monagas, ha presentado varias denuncias contra su ex pareja Janeth Ramírez por acusaciones falsas de ella contra él. También ha acusado a Ramírez de robo y daño a su propiedad, así como de interferir en su trabajo agrícola y vender carne potencialmente peligrosa a la comunidad. Además, ha presentado denuncias contra las jueces Ivis Rodríguez y Mariuvis Pérez por violaciones al debido proceso y abuso de poder en el caso NP01-S-2017-001251, y contra el Fiscal Superior del estado Monagas por incurrir en similares violaciones. La abogada Sonia Arasme representa a Ramos en ambas denuncias y solicita una investigación y sanciones para los funcionarios públicos involucrados.



Los alegatos de Raúl José Saud Ramos, según los escritos presentados, incluyen acusaciones de abuso de poder, información falsa y violaciones al debido proceso, violaciones a la Constitución y las leyes, por parte de la jueza Roxeji Tenorio, quien actualmente funge como jueza provisoria del Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Delta Amacuro. Asimismo ha presentado denuncias por abuso de poder y mala praxis jurídica contra varios funcionarios públicos, contra los funcionarios Daniel Palomo, Daniel Monteverde y Ernesto Ciano Belisario, así como contra la jueza de primera instancia agraria Ludmila Rivera Caña, por prácticas insanas en la tramitación de las causas que guardan relación con Raúl José Saud Ramos.



En el “Escrito de Denuncia sobre Violaciones de Orden Público Cometido por las Juezas Ivis Rodríguez y Mariuvis Pérez”, presentado por la abogada Sonia Arasme en representación del ciudadano Raúl José Saud Ramos, se denuncian una serie de violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva por parte de las juezas mencionadas en el título. El documento comienza con una petición en la que se solicita que se respeten los derechos de defensa y se garantice la tutela judicial efectiva. A continuación, se detallan las violaciones al debido proceso que se han cometido en el caso NP01-S-2017-001251, en el que Saud Ramos es el imputado. Se menciona que estas violaciones comenzaron desde el primer momento en que se inició la investigación por parte del Ministerio Público y que fueron avaladas por la jueza Ivis Rodríguez, quien en ese momento era la jueza del Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas de Violencia contra la Mujer del Estado Monagas.



Se denuncia que la jueza Rodríguez no respetó los derechos de Saud Ramos y que, en lugar de ello, ordenó que el expediente fuera enviado a la Fiscalía Superior para su rectificación o ratificación. Además, se menciona que la jueza actual del tribunal, Mariuvis Pérez, ha actuado de forma inhumana al no tomar en cuenta las justificaciones médicas de Saud Ramos y amenazar con ordenar su captura si no se presentaba a las audiencias. En el escrito también se menciona que la jueza Rodríguez incurrió en un error al enviar el expediente a la Fiscalía Superior para su rectificación o ratificación, incumpliendo con la sentencia del Tribunal Disciplinario. Se denuncia que las juezas han cometido violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, y se solicita que se tomen medidas para garantizar que se respeten estos derechos.



En el “Escrito de Denuncia contra el Fiscal Superior del Estado Monagas Ministerio Público Ciudadano Fiscal General de la República «, presentado por la abogada Sonia Arasme en representación de Raúl José Saud Ramos, se denuncian una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa por parte del Ministerio Público en el caso NP01-S-2017-001251, en el que Saud Ramos es el imputado. Se menciona que desde el primer momento en que se inició la investigación por parte del Ministerio Público, no se respetaron los derechos de Saud Ramos y que, en lugar de ello, se cometieron violaciones al debido proceso. Se denuncia que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa, pero la jueza Ivis Rodríguez declaró sin lugar el sobreseimiento por no estar de acuerdo la abogada privada de la supuesta víctima, es decir, la ex pareja de Raúl José Saud Ramos, ordenando que el expediente fuera enviado a la Fiscalía Superior para su rectificación o ratificación.



Además, se menciona que el Fiscal Superior del Estado Monagas ordenó la rectificación después de ocho meses, dando oportunidad para que la supuesta víctima se querellara, lo que fue de paso extemporáneo y fue admitido. Se denuncia que la ratificación continuó con las violaciones al debido proceso. En general, se denunció al Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Monagas por violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa por parte del Ministerio Público en el caso NP01-S-2017-001251.



Los hechos en los que estarían involucrados jueces y fiscales en este caso, funcioarioss públicos, forman parte de la denuncia formulada ante el Fiscal General de la República, en la cual se denuncia específicamente la serie de violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva por parte de los funcionarios públicos encargados de llevar a cabo la investigación en el caso NP01-S-2017-001251, en el que Saud Ramos es el imputado; se detallan las violaciones al debido proceso que se han cometido en el caso, incluyendo la falta de respuesta por parte del Ministerio Público a las solicitudes de información de Saud Ramos, el retardo en la investigación y la falta de gestión por parte del Ministerio Público, y la falta de respuesta por parte de la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público del Estado Monagas.



Además, se menciona que Saud Ramos ha presentado denuncias por desacato de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario de una medida de protección agroalimentaria, así como por la tenencia de material estratégico por parte de Janeth Ramírez, su ex pareja. Se denuncia que estas denuncias no han recibido respuesta por parte de los funcionarios encargados de llevar a cabo la investigación. La denuncia formulada ante el Fiscal General de la República es como una impetración al amigo Tarek William Saab, con la intención de que llegue al fin del problema y se haga justicia. Al igual que una flecha, la denuncia tiene un objetivo claro y preciso: denunciar las violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en el caso NP01-S-2017-001251, en el que Raúl José Saud Ramos es el imputado. La denuncia busca que se tomen medidas para garantizar que se respeten los derechos de Saud Ramos y que se haga justicia en el caso. Al igual que una flecha, la denuncia tiene una fuerza y una determinación que busca atravesar cualquier obstáculo para llegar a su destino y lograr su objetivo, así lo dio a entender la abogada Sonia Arasme.



La corrupción judicial y la falta de consideración a las personas son temas latentes en todos los escritos de denuncia analizados, en los cuales se mencionan casos de abuso de poder y mala praxis jurídica por parte de funcionarios judiciales, lo que demuestra una falta de ética y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. Estas denuncias son preocupantes, ya que ponen en evidencia la existencia de prácticas corruptas y poco éticas en el sistema judicial, lo que afecta gravemente la confianza de la ciudadanía en la justicia y en el Estado de derecho. Es necesario que se tomen medidas efectivas para combatir la corrupción judicial y garantizar que se respeten los derechos de las personas en todos los casos.



Es importante que se promueva una cultura de transparencia y ética en el sistema judicial, y que se fomente la capacitación y formación continua de los funcionarios encargados de llevar a cabo la investigación y administración de justicia. Solo así se podrá garantizar que se respeten los derechos de las personas y se haga justicia de manera efectiva y equitativa.



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