«Los mayores obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia contra la mujer no vienen, en la actualidad, del vacío normativo sino de las fallas en la implementación del marco legal existente” Esta afirmación está expuesta en el libro Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: Historia de otro fracaso judicial, publicado en el 2022 por Cepaz y Acceso a la Justicia.
Las mujeres en Venezuela tienen que enfrentar obstáculos estructurales e institucionales en términos de acceso y obtención de justicia, y sufren de forma diferenciada la represión, la emergencia humanitaria y la persecución política.
Esta realidad se hizo evidente durante el diálogo interactivo de la 85 sesión de CEDAW, donde la delegación venezolana fue evaluada por distintas expertas del Comité con preguntas relacionadas a la protección de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género, la capacitación de jueces y fiscales en perspectiva de género, reparación de casos, órganos de coordinación y mecanismos institucionales, entre otros cuestionamientos a los que el Estado no dio una respuesta satisfactoria.
La realidad de la mujer venezolana
La Misión Internacional para la Determinación de los Hechos ha reconocido las importantes dificultades de naturaleza social, económica e institucional que existen para las mujeres supervivientes de ejecuciones, detenciones y allanamientos perpetrados en contra de sus familiares. En concreto, confirmaron que, si bien las mujeres no han sido los principales objetivos de la violencia física estatal de las operaciones de represión, son ellas las que se encargan de denunciar las violaciones en contra de sus hijos, maridos o hermanos y buscar información sobre paraderos y responsables.
Al mismo tenor, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos reportó la existencia de estereotipos y violencia de género en el sistema de justicia que incluyen amenazas, maltrato y violencia verbal sobre, particularmente, las mujeres denunciantes que suelen soportar la mayor carga en los procesos de búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las violaciones sufridas por sus familiares varones.
Estas mujeres no ven avances en las investigaciones y son objeto de acoso y maltrato por parte de funcionarios judiciales, servicios de inteligencia y de policía a causa de sus esfuerzos por encontrar justicia.
La renuncia de fiscales, denegación de acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial, así como la exclusión y estigmatización social, es parte de los desafíos que enfrentan las mujeres supervivientes, al mismo tiempo que lidian con la responsabilidad de procurar por las personas dependientes a su cargo.
El cambio empieza por el reconocimiento
No existe en Venezuela un mecanismo de justicia que trabaje sobre el impacto diferenciado en este grupo de víctimas mujeres y atienda sus necesidades multidimensionales. Se ha erigido una estructura de constante revictimización.
Es necesario que el Estado reconozca públicamente a estas categorías de mujeres como víctimas también de sus acciones y omisiones, propiciar espacios para que puedan contar sus historias, visibilicen su especial condición y que ello forme parte de la narrativa en construcción de la verdad.
En general, un mecanismo especial de justicia que opere bajo un enfoque especial y diferenciado de género, es tan necesario como el acceso de estas mujeres a beneficios de reparación que incluyan, apoyos educativos, financieros, logísticos, alimentarios de transporte y movilización.
Si el Estado continúa sin tomar en cuenta las recomendaciones de CEDAW, la revictimización de las víctimas indirectas no solo seguirá teniendo un impacto negativo en la propia vida de las mujeres víctimas, sino también en la forma en que la sociedad percibe la violencia de género.
