Los acontecimientos políticos recientes relacionados con las Elecciones Primarias, las inhabilitaciones, el debate de los precandidatos y el supuesto «encuentro» entre el gobierno y la «oposición» en Bruselas, me hacen recordar la crisis política y social que vivimos en 2002, cuando el país parecía estar al borde del colapso.
En aquel momento, la intervención del Centro Carter generó una ola de esperanza entre la población y proporcionó una comodidad malsana a los actores políticos de oposición. Erróneamente, muchos pensaron que un diálogo mediado por actores internacionales podría conducir al anhelado reencuentro nacional, restaurar la confianza en las instituciones y, en última instancia, resolver los problemas fundamentales que causaban polarización y exclusión política.
Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que estas expectativas fueron en gran medida ilusorias y que incluso erosionaron aún más la confianza política ya afectada del pueblo venezolano.
En 2002, las divisiones eran profundas y la violencia política amenazaba con sumir al país en un abismo sin retorno. La intervención del Centro Carter logró prevenir la violencia en el corto plazo, pero no pudo abordar los problemas fundamentales que subyacían en la crisis de los venezolanos. Con el tiempo, las expectativas se desvanecieron gradualmente, y algunos comenzamos a percibir que los mediadores no estaban a la altura de lo prometido y que las soluciones duraderas seguirían siendo esquivas.
Una de las razones detrás de esta frustración fue el choque entre las expectativas creadas por los mediadores y la compleja realidad de nuestra situación. Los mediadores no consideraron que la sociedad venezolana y el gobierno tenían percepciones y valores tan disímiles que cambiar sus mentalidades y abrir espacios para un verdadero consenso no era tarea externa, sino interna. Aunque intentaron cambiar estas percepciones, no lograron aprovechar todas las oportunidades, dejando de lado a la sociedad civil, lo que hizo que cualquier reconciliación política fuera nada más que palabras vacías.
La falta de apoyo sostenido y conjunto para la consolidación de la paz a nivel social también fue y continúa siendo una causa importante de desilusión. Los recursos y la organización del Centro Carter, la OEA, la ONU y otras entidades involucradas, no han sido eficientes para brindar el apoyo necesario y transformar significativamente el conflicto venezolano en beneficio del grueso de la población, los presos políticos y las víctimas de lesa humanidad. Es legítimo cuestionar si los mediadores están verdaderamente comprometidos con la resolución de la crisis, o si su participación es simplemente una medida superficial para calmar las aguas.
El desencanto generalizado con las expectativas incumplidas desde la intervención del Centro Carter y otros mediadores hasta el momento presente, ha dejado una profunda cicatriz en la confianza política del pueblo venezolano, cuyo principal efecto ha sido la migración masiva de millones de venezolanos. Muchos ciudadanos se sienten desilusionados, desconfían de las “negociaciones” y están cansados de una crisis que parece no tener fin. La erosión de la confianza política ha contribuido a una mayor polarización y dificulta aún más encontrar soluciones consensuadas para los problemas que enfrenta Venezuela.
Es fundamental aprender de esta dolorosa experiencia. Los mediadores deben ser cautelosos al crear expectativas demasiado altas y deben reconocer sus limitaciones en la resolución de conflictos sociales. La realidad hoy día es más cruel que la de hace 20 años: mientras las partes en conflicto viajan en jets, se hospedan en los mejores hoteles de mundo y posiblemente almuerzan caviar, usted y yo andamos a pie, nos bañamos con un tobo de agua, y sopesamos el lujo de tomarnos una taza de café.
Es lamentable que se quiera imponer a los venezolanos una agenda política emitida y negociada desde el exterior; aún es más lamentable que los mediadores en esta ocasión (Macron, Lula y Fernández) estén tan alejados de su pueblo, como lo está Maduro del nuestro. Si un sector de la sociedad civil tiene la intención de auto organizarse, es inconstitucional impedirlo. El Artículo 5 de nuestra Carta Magna señala que: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Pero, ya hemos visto que no es así, nuestra soberanía viaja en el maletín de la “oposición” y de los mediadores internacionales.
Solo a través de un diálogo abierto, local y genuino, que trascienda los límites de las cúpulas partidistas y restablezca la dignidad del pueblo venezolano, será posible reconstruir la confianza política y trazar un camino hacia un futuro mejor para todos. La búsqueda de soluciones reales y duraderas debe prevalecer sobre las expectativas ilusorias, sólo así se podrá superar la crisis, alcanzar la reconciliación y encaminar al país hacia la prosperidad.
