Los impactos de la emergencia humanitaria compleja y la prolongación del conflicto político han socavado las condiciones de vida de los venezolanos en medio de dinámicas económicas que en nada garantizan los derechos sociales. La dramática crisis solo tendrá una salida cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos puedan ser escuchadas y cuando las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional.
Hay un país que no se cansa de levantarse ni de luchar; un país que aspira caminar hacia un progreso sustentado en el trabajo y en un Estado que garantice sus derechos humanos, sus derechos políticos, sus derechos económicos y sus derechos sociales.
Con esta afirmación, que consideramos una elocuente y viva fotografía de los anhelos de cambio de los venezolanos, presentamos este martes la 35ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela correspondiente al período enero-diciembre de 2023.
En este informe registramos los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país. En este esfuerzo de sistematización y documentación, nos acompañó Erika Guevara Rosas, Directora senior global de investigación, incidencia, política campañas de Amnistía Internacional, quien elaboró el Prólogo de este Informe Anual.
Maduro: una década oscura para los Derechos Humanos
En el marco de la edición 35 de Informe Anual de Provea, se presentó un balance sobre los 10 años de gestión de Nicolás Maduro y el impacto que este ha tenido sobre la garantía y realización de los derechos humanos en Venezuela.
El pasado 19 de abril de 2023, Nicolás Maduro arribó a su décimo año al frente de la primera magistratura nacional. Al asumir la presidencia, Maduro afirmó que sería el primer presidente “obrero” de la historia venezolana. Prometió la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad, pero, tras el incumplimiento de sus promesas, se convirtió en lo que Provea advirtió desde el primer día: un presidente anti obrero.
Provea denuncia que el gobierno de Maduro sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
En 10 años de gestión, Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población.
Entre 2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699 lo que sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados, entre los más bajos de América Latina.
La organización reitera que en los últimos años, Venezuela ha sufrido una caída de más del 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a nivel mundial, ocasionando un daño a la capacidad productiva del país.
La gestión de Maduro condujo al país -por primera vez en su historia- a un escenario de hiperinflación que pulverizó el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores, acabó con el ahorro y las aspiraciones de movilidad social de cientos de miles de familias, colapsó el consumo y demolió la moneda nacional.
A pesar de las afirmaciones de los voceros oficiales sobre el impacto de las sanciones financieras – impuestas a partir del 2017-, estas fueron posteriores al inicio de la crisis económica que estalló con mayor fuerza desde 2014. La ONG venezolana señala que en paralelo, en comunidades pobres y cárceles del país, la violencia institucional de agentes de seguridad del Estado ha sido empleada como un mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. La impunidad ha sido favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas.
De acuerdo a los registros de Provea, entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados. Esta crisis ha significado que desde mediados de 2015 diversos mecanismos de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos, sigan con preocupación la crisis en Venezuela y su impacto en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos.
Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han revelado la existencia de una política o plan de Estado orientado a “promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población”. Esta advertencia ha sido una de las principales realizadas por la comunidad internacional de los Derechos Humanos.
Insistimos en que la crisis solo tendrá una solución cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y cuando las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional.
El anhelo profundo de una “Venezuela donde vivir plenamente sea grato y decoroso”, tal como señaló el novelista, expresidente de Venezuela y primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rómulo Gallegos, está presente en la sociedad venezolana que continúa saliéndole al paso a las dificultades que imponen las condiciones imperantes.
