Como ciudadanos estamos sujetos a un deber de obediencia frente al Estado, pero esto no implica estar bajo el deber de obedecer al gobierno cuando éste atenta contra nuestro bienestar y felicidad, más aún cuando entendemos que las decisiones políticas son legítimas si provienen de un proceso de participación equitativa de todos los actores relevantes.
Cuando un gobernante no tiene el consentimiento de la población o sobrepasa los valores humanizantes de una sociedad, no existe la obligación ciudadana de obedecer sus mandatos. Esta afirmación puede ser difícil de entender para cualquier adoctrinado en la defensa de la autoridad política absoluta, porque su contrato partidista le proporciona un sistema político plagado de ilegitimidad, pero que resulta efectivo en el logro de los objetivos comunes para mantenerse en el poder.
La legitimidad de un líder o régimen es esencial en el ámbito político, ya que establece la base para la justificación del poder y la obediencia de los ciudadanos. En este artículo, analizaré brevemente seis marcadores de legitimidad política que examinan la situación de Nicolás Maduro es este aspecto, con el propósito de contribuir con la consolidación de una ciudadanía más consciente e informada.
Desde la perspectiva de la teoría tradicional, la legitimidad se deriva de la continuidad histórica y las tradiciones culturales. En el caso de Maduro, su ascenso al poder fue inducido por Hugo Chávez saltando el orden constitucional. Tras unas elecciones cuestionadas y con denuncias de irregularidades, la legitimidad basada en la continuidad histórica establecida, inició socavada.
Para la teoría jurídico-racional, la legitimidad se deriva de la adhesión a las leyes, normas y procedimientos establecidos. Un gobierno se considera legítimo si opera dentro de un marco legal, sigue procedimientos transparentes y trata a los ciudadanos por igual. La racionalidad y el imperio de la ley son componentes esenciales de esta teoría. Maduro ha sido criticado por operar fuera del marco legal establecido y limitar la transparencia y la igualdad en el proceso político. Estas acciones erosionan su legitimidad en términos de adhesión a las leyes y procedimientos establecidos.
La teoría carismática, señala que los líderes capaces de inspirar y movilizar a sus seguidores gracias a su magnetismo personal, su capacidad de persuasión y sus cualidades extraordinarias pueden considerarse legítimamente carismáticos. Aunque algunos defensores argumentan que Maduro posee cualidades carismáticas y ha movilizado a sus seguidores, su liderazgo ha sido objeto de controversia debido a la falta de reconocimiento generalizado y las denuncias de prácticas autoritarias.
La teoría basada en el rendimiento también plantea dudas sobre la legitimidad de Maduro. Su gestión ha sido cuestionada en términos de estabilidad económica, seguridad y derechos humanos, lo que afecta negativamente su capacidad para proporcionar bienes públicos y mejorar el bienestar de los ciudadanos.
Desde la perspectiva de la teoría basada en el consentimiento, las restricciones a la libertad de expresión, las protestas y la participación política justa de la oposición en comicios electorales, han generado dudas sobre el consentimiento voluntario de los gobernados en el régimen de Maduro.
Finalmente, la teoría normativa destaca la importancia de adherirse a principios morales y éticos. Las acusaciones de violaciones de derechos humanos y la falta de justicia e igualdad en el gobierno de Maduro plantean interrogantes sobre su legitimidad desde esta perspectiva.
Nicolás Maduro reprueba seis de los seis marcadores expuestos en este artículo, las preocupaciones sobre la transparencia, la legalidad, el rendimiento, el consentimiento ciudadano y los estándares morales han erosionado la legitimidad de su gobierno. La búsqueda de una solución y una evaluación exhaustiva de la legitimidad en Venezuela sigue siendo un desafío fundamental para el país y la Comunidad Internacional.
Desde Unidad Visión Venezuela consideramos necesario promover un debate abierto y constructivo sobre la legitimidad de los líderes políticos, utilizando marcos teóricos y criterios basados en los principios de justicia y respeto a los derechos humanos. Este análisis crítico contribuye a exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobernantes, y fomenta la búsqueda de soluciones que promuevan la legitimidad y el bienestar de la sociedad.
