Durante el mismo período, la organización registró, en total, 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Detalló que durante el año pasado contabilizaron 53 víctimas de “tortura”, presuntamente tres de ellas fallecieron
Por EFE
La oenegé Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, de acuerdo con su informe anual presentado este martes 30 de abril. “Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”, señaló Lissette González, coordinadora de investigación de la organización, en la presentación del informe. En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. “Este es un indicador que viene subiendo año tras año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua o ausencia de alimentos”, explicó. González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales, aseguró, tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado. Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (Gric). Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia del país y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”. “De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe. Provea pidió al Estado que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.