A lo largo del siglo XXI, hemos sido testigos de una preocupante disminución de la libertad individual en Venezuela, lo que ha desencadenado una crisis estructural en la sociedad. La restricción a la libertad de expresión, la falta de acceso a información veraz, la represión a la disidencia y el deterioro del estado de derecho, han contribuido a un clima tóxico que afecta la salud de los derechos individuales, que son amenazados desde las propias estructuras del Estado. Rescatar la libertad individual implica devolver a cada venezolano la capacidad de expresar sus ideas, participar en el proceso político y construir un futuro acorde a sus aspiraciones.
En este contexto, resulta crucial que la sociedad venezolana luche por restablecer un ambiente donde la diversidad de pensamientos sea respetada y donde la autonomía individual se considere un derecho inalienable. La libertad individual no solo es la base de una democracia sólida, sino también la chispa que puede encender el motor del cambio.
Entendemos que hay una generación completa que ha crecido bajo el socialismo, lo que nos lleva a comprender que la restauración de la democracia y los derechos fundamentales no se logrará de manera instantánea y simple mediante «elecciones libres, democráticas y transparentes». Por tanto, es crucial reconocer que como sociedad podemos gestionar acuerdos y acciones que impulsen cambios, más allá de las negociaciones entre los grupos políticos en el poder.
La participación ciudadana activa, la defensa de los derechos civiles y el cuestionamiento crítico de las instituciones políticas, son acciones que verdaderamente pueden generar un cambio en el sistema político. Un ciudadano comprometido no solo ejerce su libertad individual o de un grupo, sino que también trabaja hacia el mejoramiento de la sociedad en su conjunto.
El compromiso social se erige como la fuerza cohesionadora capaz de unir a una sociedad fragmentada por la crisis. En Venezuela, la solidaridad, el reconocimiento del contrario y la empatía son hoy, más necesarias que nunca. La colaboración entre ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y actores políticos podría generar un impacto positivo en la reconstrucción del tejido social.
La crisis actual no discrimina entre clases sociales ni afiliaciones políticas, y es en la cooperación y el reconocimiento oportuno donde se puede rescatar el poder del pueblo venezolano para elegir a sus representantes más dignos. Es fundamental comprender que la restauración de la libertad individual abre la puerta a una participación ciudadana activa, mientras que el compromiso social proporciona el marco ético y solidario para dirigir esa participación hacia el bienestar común. En pocas palabras, restaurar el compromiso social es aplicar el antídoto contra la desconfianza y la división que han caracterizado a la política en tiempos recientes.
La reintegración de los valores democráticos requiere la colaboración de todos los sectores: el Estado, las instituciones, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, los gremios y los partidos políticos deben coordinar un esfuerzo conjunto para establecer las bases de una sociedad libre, justa y próspera.
La crisis actual de Venezuela exige respuestas innovadoras y audaces. La urgencia de rescatar la libertad individual y promover el compromiso social, no es solo un principio ético o una coherencia discursiva; es también una herramienta práctica que se puede implementar desde espacios participativos para superar la adversidad. En la unión de estos dos pilares podemos encontrar la fuerza necesaria para construir un futuro más promisorio.
Nuestro país ha experimentado una erosión gradual de sus libertades políticas, manifestada en restricciones a la libertad de expresión, el deterioro del estado de derecho y la polarización política. Estos desafíos requieren respuestas integrales que aborden no solo las consecuencias superficiales, sino también las raíces profundas del problema. Es importante enfatizar que la reconstrucción social va más allá de las instituciones políticas, ya que las desigualdades socioeconómicas que enfrentamos hoy día subyacen en el conflicto político.
El año 2024 inicia con protestas de algunos gremios exigiendo salarios justos: los empleados públicos y jubilados sufren por la merma de garantías y beneficios por parte del Estado para acceder a una educación de buena calidad, un sistema de salud eficiente y otros servicios, que si disfrutaban hace un cuarto de siglo atrás. Recordemos que las mejoras salariales en forma masiva dependen de un compromiso social bien estructurado que empodera y consolida a los agentes involucrados como grupos de presión y motores de un cambio; por lo tanto, no es de extrañar que el ecosistema natural para exigir el restablecimiento de las libertades económicas, políticas y sociales sean las protestas a nivel nacional protagonizadas por los empleados públicos.
La base sólida para la construcción de un consenso honorable se fundamenta principalmente en la formación y participación política bien informada. En tal sentido, desde una perspectiva política, se necesita un esfuerzo concertado para fomentar un ambiente democrático y participativo. La inclusión de todas las voces, independientemente de su orientación, es esencial para garantizar la reconstrucción, representatividad y la legitimidad del sistema. La promoción de la tolerancia política y la construcción de consensos son cruciales para superar las divisiones existentes, antes, durante y después de los comicios electorales.