El colapso generalizado de los servicios públicos y los altos precios; han creado las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza.
Provea presentó este 09 de mayo la 34ª edición de su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela que registra los avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el 2022.
En él concluye que la desigualdad y la exclusión son condiciones que han agravado la situación de pobreza en Venezuela y recuerda que Naciones Unidas advirtió que más de cinco millones de personas necesitan asistencia humanitaria, mientras el país importa más del 70% de los alimentos procesados que consumía, lo que lo hacía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales.
En los últimos ocho años, el país ha sufrido una caída acumulada de 80% de su Producto Interno Bruto (PIB). Además, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2022), “Venezuela es el país más desigual de América, con un indicador de 56.7”, de coeficiente GINI, un indicador que mide la desigualdad, basado en la distribución de la riqueza de los países.
El colapso generalizado de los servicios públicos y los altos precios; han creado las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza en Venezuela.
En diez años Nicolás Maduro extinguió el estado de derecho, pulverizando las conquistas sociales y eclipsando los derechos civiles y políticos, bajo la sombra del autoritarismo.
En materia de derechos económicos sociales y culturales, el Informe Anual destaca que la gestión de Nicolás Maduro continuó, durante 2022, su política deliberada de precarización del ingreso de los trabajadores, pensionados y jubilados, al permanecer de espaldas a su obligación de garantizar salarios y pensiones ajustadas al costo de la canasta alimentaria, tal como ordena el artículo 91 de la Constitución Nacional.
VEA TAMBIÉN
“El socialismo crea más pobreza y el capitalismo es el único sistema que crea la riqueza”: Larry Reed, economista
o
En respuesta a las protestas, la administración Maduro recurrió a la persecución y a actos de hostigamiento contra dirigentes sindicales. Seis trabajadores permanecen detenidos por reclamar derechos y al menos 344 fueron víctimas de actos de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad y altos funcionarios de empresas e instituciones del Estado. Durante los diez años de gestión de Nicolás Maduro, 87 dirigentes sindicales han sido arrestados y procesados por ejercer derechos y 3.512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento.
“Un aspecto que demuestra el severo retroceso en materia de derechos sociales, es la definitiva implosión de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)”. Entre enero y diciembre de 2022, Provea registró, con base en su monitoreo independiente, que el gobierno entregó un total de 3.122 viviendas nuevas, una cifra que contrasta ampliamente con las 500.000 casas que, según el gobierno, habrían sido entregadas.
En materia de derecho a la salud, en 2022 se cumplió una década del acelerado declive institucional, financiero y operativo del sistema público sanitario y su severo impacto en la calidad de vida de las personas en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja.
Persiste una estructura bien coordinada para el control social, la exclusión y la represión de la disidencia.
En 2022 se mantuvo la práctica estatal –que se ha configurado como sistemática-, de discriminación y exclusión por razones políticas. La Asamblea Nacional –electa en 2020 y con mayoría oficialista- continuó aprobando normas y avalando la actuación del Ejecutivo, actuando de espaldas a la Constitución Nacional.
En mayo de 2022 se conoció que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional había sido incluido, de nuevo, en la agenda parlamentaria y, en enero de 2023 “otra iniciativa igualmente lesiva para el derecho de libertad de asociación y reunión, el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, fue aprobado en primera discusión”.
Durante 2022 se registró una elevada cifra de privaciones ilegitimas del derecho a la vida, por parte de funcionarios policiales y militares de Venezuela. “Esas actuaciones, auspiciadas por el aliento institucional y la impunidad estructural, pudieran constituir crímenes de lesa humanidad por asesinato y, en ese sentido, han motivado la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela”.
En 2022 se registraron 824 presuntas violaciones al derecho a la vida, ocurridas en distintas circunstancias. Durante 10 años de gestión de Maduro, 9.465 personas han sido asesinadas por policías y militares.
Finalmente, se registró un incremento de 68,6% en el número de violaciones a la integridad personal con un total de 2.203 víctimas, en su mayoría personas privadas de libertad que fueron sometidas a tratos y/o penas crueles, inhumanas y degradantes.
