Veraz…El Ministerio Público bajo el peso de la corrupción, Por Robert Alvarado

“…sanción de cárcel de hasta 4 años para los fiscales que no interpongan los recursos, acciones o no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, a la rectitud de los procedimientos, al cumplimiento de los lapsos procesales y de la protección debida al procesado.” Artículo 88 (antes 85) de la Ley contra la Corrupción

Después de casi dos meses de ser develada la trama de corrupción que implica a varios entes del Estado, se desconoce el estatus de la investigación, y es que el titular de la acción penal, el Ministerio Público, pareciera ser incapaz de controlar la corrupción en sus propios fueros. Existen evidencias de una trama de corrupción en el Ministerio Público venezolano, que involucra a fiscales con competencia nacional y estadal en el centro de Venezuela. La trama de corrupción surgió por iniciativa de un abogado opositor, interesado en encubrir un grave delito, el secuestro a un niño de siete años de edad, perpetrado por él, un supuesto catedrático universitario y director de un escritorio jurídico, que no ha estado dispuesto a asumir responsabilidades por la comisión de ese delito.

Para encubrir ese grave delito, los fiscales nacionales y estadales han colaborado con el opositor en iniciar múltiples persecuciones penales contra el ciudadano a quien el abogado secuestró el hijo. Las fiscalías nacionales 22º, 64° y 79º, así como las estadales 24ª, 25° y 26º de la circunscripción aragüeña, tienen un denominador común, causas fiscales en las que el encausado es nada menos que el papá del niño secuestrado, y, por supuesto, guardan relación directa con el abogado opositor, que ha hecho uso de ese cúmulo de expedientes para crear una fraudulenta percepción de su víctima vapuleada por las fiscalías indicadas y luego en los tribunales que también engrosan la trama de corrupción descrita.

En esta trama de corrupción, uno de los fiscales estadales, el Fiscal 6° del estado Aragua, Gabriel Alejandro de los Ángeles Herrera Salas, amigo personal del abogado opositor, de nombre Julio César Pérez Rivas, funge de enlace con los fiscales nacionales, adicionalmente es novio de la Fiscal 22º con competencia Plena Nacional, Karla Ramírez, y está estrechamente vinculado al Fiscal Auxiliar de ésta, Michel Cordero Valdemir, con ellos dos determina a favor de Julio César Pérez el curso de la causa que tramita ese despacho fiscal en perjuicio del papá del muchachito secuestrado. Otras dos fiscales estadales en Defensa de la Mujer, en Maracay, la 25°, Katherine Nataly Botardo Pereira, y la 26° Adriana Lucia Useche Navarro, han tomado parte en argucias para hacer prevalecer falsedades de hechos que paulatinamente han ido saliendo a la luz pública por boca de quien les paga, Julio César Pérez Rivas y así lo puede corroborar su amigo, Gabriel Alejandro de los Ángeles Herrera Salas.

Como es lógico pensar, esos fiscales estadales no actúan a motuo propio, reciben lineamientos del Fiscal Superior Franklin Gabriel López Paredes, al punto que éste ha girado instrucciones en el sentido de que las denuncias o peticiones presentadas por el padre del niño por ante el Ministerio Público en el estado Aragua las engaveten, como en efecto lo han hecho, tales como una denuncia por instigación al odio contra una palangrista y la solicitud de un procedimiento de imputación pública, dirigida esta última a que las personas, entre ellas Julio César Pérez, que lo han expuesto al escarnio público consignen ante la vindicta pública los medios de prueba que sustentan sus señalamientos maliciosos e interesados, algo que en este contexto ha sido imposible que sea admitida a trámite. El Fiscal Auxiliar Juan Carlos Infante Ríos, adscrito al despacho de Fiscal Superior, es el encargado de girar instrucciones a las fiscales 25º y 26º, a la primera, le ordenó el lunes que acusara al papá del niño secuestrado, a sabiendas que no dispone de elementos de convicción para hacerlo.

La causa fiscal de mayor preocupación cursa en la Fiscalía 79º Plena Nacional, a cargo del Fiscal Provisorio Ronnie Alexander Osorio Hernández, quien tiene como Fiscal Auxiliar a Jorge Jesús Hernández Mendoza. Hablo de la Causa Fiscal MP-219668-2018, signada bajo el epígrafe “Secuestro Internacional”, se trata de la investigación sobre el secuestro del niño perpetrado por Julio César Pérez Rivas, sin ningún avance significativo desde la ocurrencia del mismo y el inicio de la investigación en el año 2018, alguien pudiese pensar que están investigando a fondo y que por eso se han tardado tanto, nada más alejado de la realidad, ese retardo es comprado. Algo similar ha ocurrido en la Fiscalía 64° con Competencia en Femicidio y Contra la Libertad, Especializada en Atención e Investigación Penal del Delito de Femicidio y Plena Nacional, a cargo del Fiscal Provisorio Cesar Oscar Flores Mota, cuya Fiscal Auxiliar es Aris Daniela Llorente Herrera, pero en sentido contrario, los dos han demostrado extremada diligencia en imputar al padre del niño secuestrado, atendiendo una denuncia hecha por la suegra de abogado opositor.

Amigo Tarek William Saab, Fiscal General de la República, me permito, con todo respeto, sugerirle que ordene una simple revisión de las causas que cursan en las fiscalías nacionales y estadales antes señaladas contra ese ciudadano revictimizado y se podrá percatar de la tendencia desfavorable, cuasi irreversible, al procesado o encausado infundadamente, y esa tendencia es el resultado de los desembolsos o compensaciones económicas hechas por Julio César Pérez Rivas. Estimado Fiscal General de la República, si eso no es corrupción, si no es objeto de investigación en un tiempo razonable, entonces los motivos para preocuparse sobran.

Los arreglos corruptos entre el abogado opositor y los fiscales nacionales y estadales para encubrir el secuestro del niño y perseguir al padre del niño con imputaciones y/o acusaciones infundadas pueden ser determinados fácilmente. A su vez, no es difícil suponer que los fiscales involucrados en la trama de corrupción reciben cuantiosas sumas de dinero para prevaricar en sus funciones. La trama de corrupción se vuelve más siniestra y los personajes se ven atrapados en un juego de supervivencia en el que el abogado opositor y su grupo aliados, especialmente la palangrista y su mamá, han incurrido en delitos incluso en sede judicial, hechos que la fiscalía no se ha tomado la molestia de investigar, por ir en contra de los intereses el abogado opositor.

Esta trama de corrupción en el Ministerio Público es muy grave y dañina, implicando a fiscales de competencia nacional y estadal en el centro del país. Además, el abogado opositor y secuestrador del niño ha utilizado su influencia y el soborno para manipular a los fiscales y utilizar los procesos penales para perseguir injustamente al padre del niño. Esta trama de corrupción ha afectado no solo al sistema judicial venezolano sino también a las autoridades estadounidenses, quienes fueron engañadas para proporcionar asilo al abogado valiéndose del niño secuestrado. Resalta la complicidad de los fiscales nacionales y estadales con el abogado opositor y la utilización de la relación amorosa entre ellos para influir en las decisiones de persecución penal. Además, la inclusión del Fiscal Superior del estado de Aragua en la trama, muestra cómo la corrupción ya ha alcanzado niveles muy altos en la estructura del poder judicial.

Desde el punto de vista penal, la trama de corrupción en el Ministerio Público venezolano es extremadamente grave y dañina. La corrupción es una violación del derecho penal y es especialmente preocupante en este caso, donde los fiscales están utilizando su posición de poder para perseguir injustamente a un ciudadano y encubrir un delito grave relacionado con el secuestro de un niño. La implicación de fiscales nacionales y estatales sugiere que la corrupción es sistémica y se extiende a lo largo de las estructuras del sistema judicial.

Lamentablemente, la corrupción judicial en Venezuela ha llegado a niveles alarmantes, con figuras como Julio César Pérez Rivas comprando voluntades y manipulando decisiones judiciales. Es como si la justicia se hubiera convertido en una subasta, donde el mejor postor obtiene el resultado deseado. Es como si los valores de transparencia, equidad y honestidad hubieran sido borrados de la mente de quienes tienen la tarea de administrar justicia. Esta situación representa una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, causando serios daños a la estabilidad y a la confianza en el sistema judicial del país.

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