En una medida que busca fortalecer el sistema de pensiones y garantizar la protección de los trabajadores, este jueves 9 de mayo fue publicada en la Gaceta Oficial número 6.806 la tan esperada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social. Esta normativa, tras ser debatida dos veces en la Asamblea Nacional, fue entregada por el presidente Nicolás Maduro tras su aprobación al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
La ley establece importantes disposiciones que afectan tanto a empleadores como a trabajadores. Entre los puntos clave, se destaca que las empresas están obligadas a realizar un aporte mensual para financiar las pensiones de sus empleados. Este aporte, de acuerdo con lo estipulado en la Gaceta Oficial, debe ser realizado a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), utilizando los procedimientos y facultades establecidos en el Código Orgánico Tributario.
El artículo 7 de la ley establece que el monto de la contribución que las empresas deben pagar es de hasta el 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones no salariales. Además, se aclara que cualquier entidad que genere actividad económica con al menos un empleado está sujeta a esta obligación, independientemente de su forma jurídica o su ubicación geográfica.
En cuanto a las sanciones por incumplimiento, la ley es clara. Aquellas empresas que no cumplan con la obligación de pagar la contribución especial establecida serán sujetas a multas significativas, equivalentes a mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela. Además, se prevén intereses moratorios en caso de falta de pago dentro del plazo establecido.
Es importante destacar que el monto recaudado mediante esta contribución será deducible como gasto en la declaración definitiva del Impuesto sobre la Renta (ISLR), según lo estipulado en el artículo 10 de la ley.
Con esta nueva legislación, el gobierno busca asegurar la estabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones, garantizando así la protección económica de los trabajadores venezolanos en su etapa de retiro.
