En junio de 2022, una comisión fuertemente armada de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) irrumpió en varias fincas en el estado de Barinas; y para sorpresa de los vecinos, los funcionarios no estaban ocupando las propiedades de un miembro de la oposición política venezolana o de un grupo armado adversario del gobierno, como era lo acostumbrado en este tipo de operaciones.
El objetivo de los militares en esta ocasión era lograr la detención de William Alexander Rodríguez, alias “Román Pedraza”, comandante de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), una guerrilla doméstica cuyas estrechas conexiones con el gobierno la llevaron a ser un actor híbrido, una combinación entre grupo criminal y fuerza armada al servicio del Estado.
*Este artículo hace parte de una serie de cinco entregas que describen la creación del Estado híbrido en Venezuela. Lea los demás capítulos de la investigación, el informe completo y la cobertura relacionada sobre Venezuela.
Aunque para las FBL su condición de híbrido fue una gran ventaja, su elevada dependencia estatal jugó en su contra. Una vez que el gobierno decidió que esta relación ya no era de su interés, los privilegios gubernamentales desaparecieron y las vulnerabilidades de un grupo que no supo subsistir sin el patrocinio del chavismo fueron expuestas.
El ascenso de una guerrilla Bolivariana
Mientras gran parte de las guerrillas en América Latina representaron una amenaza de seguridad para varios gobiernos en la región, las FBL fueron un modelo atípico.
En lugar de buscar la toma del poder por vía armada, la guerrilla venezolana construyó una alianza con el Estado venezolano y utilizó sus vínculos gubernamentales para catapultar su proyecto político-militar.
Surgidas como un movimiento clandestino a mediados de los años 80, las FBL —localmente conocidas como “Boliches”— incursionaron en el mapa criminal venezolano como un grupo armado de izquierda integrado por intelectuales y activistas políticos que buscaron desde sus inicios luchar contra la corrupción en el país.
Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 y el posterior ascenso de la Revolución Bolivariana —nombre que se le otorgó al proyecto político e ideológico del chavismo en Venezuela— varias organizaciones campesinas y populares se volvieron extensiones del Estado y sirvieron de escuderos a los planes del gobierno en diferentes territorios.
Si bien los vínculos directos entre Chávez y las FBL nunca fueron públicos, los diferentes comunicados divulgados por la guerrilla venezolana, sumados a los testimonios de productores agropecuarios, líderes políticos, autoridades religiosas, periodistas y habitantes de los estados de Barinas y Apure recogidos por InSight Crime, son la muestra de una relación que fue más allá de una camaradería ideológica.
Desde un comienzo, las FBL se describían abiertamente como “la primera trinchera que tendrá que cruzar el enemigo si intenta (…) destruir los sueños de la mayoría del pueblo de Bolívar”.
En el año 2004, Chávez invitó a los comandantes de las FBL a deponer las armas para unirse al componente civil del Ejército venezolano, también conocido como Milicias Bolivarianas.
Sin embargo, esta invitación fue una simulación para ocultar su apoyo a una fuerza armada ilegal, según comentó un político militante de izquierda de Apure que fue testigo del afianzamiento territorial de la FBL y que pidió proteger su identidad por posibles amenazas en su contra.
“Un grupo de ministros determina que no deberían todos entregar las armas porque en la frontera alguien tiene que quedarse cuidando la frontera y ese es el FBL”, le dijo a InSight Crime.
Para el régimen chavista, contar con la colaboración de un brazo armado ilegal, significó que las fuerzas armadas venezolanas no tenían que ensuciarse las manos con actuaciones extrajudiciales. Y, aunque en su tarjeta de presentación se vendían como un guardián ante las amenazas externas en la frontera, las capacidades bélicas de la guerrilla fueron mayormente empleadas a nivel interno.
En estados como Barinas, Táchira y Apure, bastiones del grupo, las FBL emplearon su fuerza para intimidar, coartar y desplazar a la oposición política venezolana. Desde represiones en manifestaciones políticas, hasta amenazas en contra de candidatos electorales, el régimen contó con la cooperación de una organización híbrida que operaba ilegalmente en nombre del Estado.
A cambio de ejercer el rol híbrido de opresor político, regulador social y protector territorial de manera extralegal, el gobierno venezolano entregó un salvoconducto a los comandantes de los Boliches para que pudieran operar sin limitaciones y con total impunidad.
Así lo confirmó un antiguo miembro del Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien prefirió omitir su nombre por razones de seguridad.
“El FBL fue entrenado, equipado e inclusive gente del gobierno financió al FBL. Eso permitió que ellos fueran agarrando fuerza y posicionando piezas de ellos en algunas instituciones para financiar el proyecto”, comentó a InSight Crime.
Esta permisividad estatal abrió la puerta para que algunos integrantes del grupo participaran en negocios ilícitos como el secuestro, la extorsión y el contrabando. A pesar de que esto suscitó divisiones internas, la organización siguió operando como guardián de la Revolución.
Ante un gobierno que era complaciente con sus actividades armadas y criminales, el brazo armado de las FBL operaba sin mayores oposiciones y fue permeando de a poco el sistema político venezolano.
El arte de la política armada: La mimetización estatal de las FBL
Con el paso de los años y la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, la relación del FBL con el Estado se fue profundizando y consiguieron en la política un arma más contundente que los fusiles.
A través de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) –la plataforma política y civil de las FBL fundada en 2009– se abrió una puerta para que la organización armada pudiera camuflar sus actuaciones por medio del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Cuando se acercan no estás observando el peligro porque crees que son personas de tu entorno. Ves las siglas de la CRBZ y los identificas con comunas y no con un grupo armado guerrillero, y resulta que sí son una célula guerrillera que opera bajo la sombra del gobierno”, comentó a InSight Crime un ganadero de Barinas que sufrió intimidaciones por parte de voceros de la CRBZ.
Bajo este contexto, la CRBZ utilizó la plataforma del PSUV para conseguir importantes escaños políticos. Héctor Orlando Zambrano, alias “Lapo”, ocupa el puesto de Diputado de la Asamblea Nacional por el estado Apure desde 2011, mientras que José María Romero, conocido como “Chema”, es el actual alcalde del municipio de Páez en el mismo estado.
Adicionalmente, durante el mandato de Ramón Carrizalez como gobernador del estado Apure entre 2011 y 2021, varios miembros de la CRBZ ocuparon cargos dentro de la gobernación. Luis Tolosa, líder de la CRBZ, administró posiciones importantes en el periodo de Carrizalez y hoy en día está a cargo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en la frontera de Apure.
La misma estrategia de control social con las armas se aplicó en la arena política: quienes se oponían a los planes del gobierno o denunciaban las irregularidades en la frontera recibían la mano dura de un actor armado híbrido que ahora tenía en sus manos el poder legal del Estado.
Un habitante de Santa Barbara de Barinas que fue víctima de amenazas y persecuciones por parte de la CRBZ explicó a InSight Crime cómo la exalcaldesa del municipio Ezequiel Zamora, Maigualida Santana, aprovechó su rol estatal y comandó a las FBL desde su oficina en la Alcaldía.
“La alcaldesa tenía un problema político contigo y llamaba a la guerrilla, y la guerrilla llegaba y se le metía a la casa”, dijo el residente, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
Ocaso y reemplazo de un grupo armado híbrido
A medida que el poder político de algunos miembros de las FBL aumentó, sus actuaciones se hicieron más difíciles de controlar y se crearon grietas cada vez más amplias entre la guerrilla y el gobierno.
Un habitante de Barinas y dos productores agropecuarios de la misma región explicaron a InSight Crime que la relación entre las FBL y el gobierno se fracturó luego del secuestro de Franyeli Guerrero, hija de un aliado de Diosdado Cabello, considerado como el segundo hombre con más poder en Venezuela después de Maduro.
No obstante, el evento que marcó el punto de no retorno surgió a partir de un conflicto de guerrillas en el estado de Apure.
En esta subregión fronteriza, el FBL convivió por varias décadas con sus primos colombianos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque ambas guerrillas los superaron en números, experiencia y destreza militar, las conexiones políticas de la organización venezolana funcionaron como sello de garantía para permanecer intocables.
Sin embargo, este equilibrio de poder cambió a partir de la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano en 2016. Una vez esta guerrilla entró en el proceso de desmovilización, algunos miembros del antiguo Frente 10 en el departamento colombiano de Arauca —fronterizo con el estado de Apure— se declararon en disidencia y continuaron operando en la clandestinidad en ambos lados de la frontera.
Para 2021, la disidencia del Frente 10 traspasó los límites de los acuerdos que mantenía con el Ejército venezolano y sus aliados, provocando una campaña militar conjunta entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el ELN para expulsarlos de suelo venezolano.
A medida que la violencia se fue recrudeciendo, el 14 enero del 2022, un comando armado del ELN ingresó de manera hostil a la Ciudad Comunal Campesina Simón Bolívar, un territorio de casi 100.000 hectáreas ubicado en el sector de La Gabarra, municipio Paéz, Apure, en donde las FBL formaron en 2008 un “autogobierno” compuesto por diferentes consejos comunales financiados y patrocinados directamente por el gobierno venezolano.
“Más de 50 hombres armados tienen tomado el pueblo de La Gabarra, al más puro estilo de un ejército de ocupación extranjera, desconociendo al Estado Bolivariano, al poder popular y trayendo zozobra y terror en la población”, reclamaron los voceros de la CRBZ por medio de un comunicado.
De acuerdo con fuentes que hablaron con InSight Crime en los estados de Apure y Barinas, el ELN había ocupado el sector de La Gabarra buscando a miembros de la disidencia del Frente 10. No obstante, invadir la Ciudad Comunal tenía una carga simbólica elevada para el FBL.
A escasos meses de la última denuncia, en abril de ese mismo año, voceros de la CRBZ publicaron varias fotos en donde expusieron una nueva invasión por parte de 80 hombres pertenecientes al ELN en la Ciudad Comunal.
Ambas invasiones tenían un elemento novedoso: el gobierno que antes respaldaba a las FBL no intercedió, demostrando su apoyo tácito a las pretensiones de ELN.
Una vez el Ejército venezolano y el ELN lograron la expulsión de las disidencias de las FARC de suelo venezolano, volcaron su atención hacia la guerrilla venezolana de las FBL, a quien culparon de apoyar al Frente 10.
InSight Crime habló con dos habitantes de la Ciudad Comunal Simón Bolívar vinculados al trabajo de las FBL en la región, los cuales detallaron el apoyo que brindó la guerrilla venezolana al Frente 10 durante las confrontaciones armadas.
“Supuestamente [las FBL] apoyaron, no en combate propiamente, sino en hacer los corredores (…) para que las FARC salieran de ese conflicto y salieran vía Táchira, salieran vía Barinas o donde ellos tenían presencia”, relató uno de ellos.
Con las fuerzas estatales en contra y un ELN acosando, las FBL quedaron atrapadas.
El gobierno también atacó el brazo político de la organización. El 18 de junio de 2022, una comisión de la DGCIM capturó a 8 integrantes de la CRBZ mientras participaban en un evento político de la Milicia Bolivariana en la localidad de Guasdualito, estado Apure.
En consecuencia, la CRBZ se ha venido adaptando a este nuevo periodo y optó por cambiar su nombre y ahora se hace llamar “Movimiento Ciudadano VAMOS”, rótulo con el que líderes como Héctor Zambrano se presentan ante la opinión pública.
Por el lado de su brazo armado, diferentes fuentes en la frontera entre Colombia y Venezuela, incluyendo periodistas, residentes, líderes políticos locales y víctimas de las FBL, desconocen el paradero de alias “Román” o de Jerónimo Paz, sus principales comandantes, quienes probablemente se encuentren escondidos después de la arremetida estatal en su contra.
El paradero de los combatientes de las FBL en terreno tampoco es claro. Durante su última visita a Apure a comienzos de 2023, InSight Crime pudo hablar con varios residentes, quienes aseguraron que la única fuerza armada ilegal que quedó en el territorio después de la batalla de Apure fue el ELN.
Sin embargo, el régimen de Maduro no iba a sacrificar a una herramienta tan útil como el FBL sin tener un plan de respaldo.
Los enfrentamientos con el Frente 10 en Apure reconfirmaron el posicionamiento y rol del ELN como un grupo paramilitar proestatal con el que el gobierno podía coordinar complejas operaciones militares y criminales.
A medida que esta guerrilla fue exhibiendo su disciplina y capacidad militar en su expansión por suelo venezolano, demostró su potencial como un actor armado híbrido que le garantizará al régimen la gobernanza en territorios estratégicos, poblaciones y economías ilícitas.
Pero el ELN es una criatura diferente a las FBL. Mientras que las FBL representaron un híbrido con elementos de un actor criminal incrustado en el Estado, el ELN cumple el papel de un actor híbrido con elementos de un grupo armado cooperativo, cuya relación con el gobierno está condicionada principalmente por el volumen de ganancias provenientes de diversas economías criminales.
“Los elenos vendrán a operar de otra forma. No irán a operar como operaban estos tipos”, aseguró a InSight Crime un habitante de la frontera que sufrió de primera mano la violencia de ambas organizaciones armadas.
Depositar la confianza en un grupo superior militarmente y que, a su vez, no depende de su relación con el Estado venezolano para subsistir, es una señal de que el gobierno está haciendo negocios peligrosos. En dado caso que decida que la alianza con el ELN ya no está dentro de sus intereses, prescindir del grupo no será tan sencillo como lo fue con las FBL, una organización con limitado alcance territorial y cuestionable poder armado.
Enemistarse con una guerrilla de naturaleza binacional —que cuenta con el aprendizaje militar y criminal de décadas como un grupo insurgente en Colombia— puede desembocar en un nuevo conflicto armado que afecte toda la frontera y ponga en entredicho las capacidades de las fuerzas armadas venezolanas.
InSight Crime
