El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró este lunes 29 de abril que Tareck El Aissami estaba aliado con la “extrema derecha, con los peores enemigos del país” en el caso Pdvsa-Cripto, para no solo llevar actos de corrupción, sino para conspiración política.
Afirmó, en rueda de prensa, que el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa trabajaba en conjunto con los dirigentes opositores Julio Borges, Leopoldo López y Carlos Ocariz.
Carlos Vecchio y James Story, quien fue embajador de Estados Unidos para Venezuela, también fueron vinculados a esta supuesta red que, según las declaraciones de Saab, buscaba desestabilizar la nación.
“El objetivo y fin de esta mafia no era otro que implosionar la economía nacional, destruir nuestra moneda presionando al alza el valor del dólar paralelo y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo”, precisó el representante de la Fiscalía.
Saab acusa a esta red de ser los responsables de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela, de la pérdida de Citgo, la corrupción en Monómeros y la retención de recursos en bancos europeos.
Como evidencia de esta presunta trama de conspiración, el Ministerio Público mostró una conversación de unos 10 minutos de duración en la que supuestamente conversan Borges, Samark López (identificado como operador financiero de El Aisaami) y Ocariz sobre lo que debían hacer con Story para ejecutar planes en contra de la nación.
El fiscal indicó que estas pruebas las obtuvieron tras declaraciones de Samark López, quien supuestamente le dijo directamente a Saab, que mantuvieron más de 40 horas de conversaciones a través de la plataforma Zoom más las horas de conversación vía llamadas telefónicas.
Afirmó que el “operador financiero” confesó cómo eran las transacciones y los contratos que recibía.
Saab afirmó que la idea final de estos planes era “tenernos en 2024 en llamas”.
El fiscal general indicó que durante su gestión han investigado 32 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera, se han judicializado a 290 personas y 76 han sido condenadas.
