La precarización de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas ha seguido profundizándose, principalmente por la ausencia de políticas públicas que aborden temas prioritarios como la salud, la inseguridad alimentaria, el derecho a la educación y los servicios públicos. A este incumplimiento de las obligaciones estatales se suma el impacto de los proyectos extractivos con la presencia permanente de gobernanzas criminales en territorios ancestrales. Es en los estados Bolívar y Amazonas donde se ha evidenciado una mayor hegemonía de la minería.
Próximo a cumplirse 8 años de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), la investigadora y fundadora de la organización SOS Orinoco Cristina Vollmer en entrevista de Provea, señaló que el AMO está ubicado en una de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que, lejos de proteger los derechos ambientales y de las comunidades de la zona, los vulnera.
Mientras que en Bolívar, pueblos indígenas como los Pemon Ayu´töy denuncian incursiones armadas de militares dentro de sus comunidades y ausencia de respuestas por parte del Gobierno ante las penurias que padecen.
