El 2020 fue un buen año para quienes se dedican al negocio de la chatarra en Venezuela debido al impulso de la exportación a través de privados, producto de las sanciones de Estados Unidos y la necesidad del Gobierno venezolano de tener acceso a divisas.
Para unos el 2020 fue un caos, para otros fue la gloria. Como todo en la vida. Aunque no existe una relación entre las pandemia y el negocio de la chatarra, en realidad la crisis que se avecinaba sirvió para que se aceleraran los procesos hacía el acceso de nuevas empresas que se dedicaran a este rubro con el fin de tener nuevas fuentes de ingresos ante los escasos recursos provenientes de otros negocios del Estado.
La chatarra en Venezuela siempre ha sido manejada por el Estado y por un minúsculo grupo de privados. En la cuarta República, grandes familias relacionadas con el poder obtuvieron gigantescas riquezas por más de 40 años al ser los dueños del negocio en el país donde casi sin leyes y sin reglamentos se destinaban como chatarra bienes aún con vida útil, con la única finalidad de sumar dividendos a estos privados que por sus relaciones con los altos mandos, se encargaban de “democratizar” el acceso a esas riquezas entre unos cuantos más, pero nunca al pueblo.
La realidad actual no es muy diferente. Aunque es notable la firme intención del gobierno de poner en el carril un negocio que siempre ha levantado más dudas que certezas y para ello sancionó una nueva Ley en 2021 que creó un monopolio sobre la venta de chatarra por medio de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), empresa adscrita al Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Pero lamentablemente, siempre existen empresas privadas y funcionarios que se desvían del camino porque los atajos les generan mayores beneficios económicos inmediatos aunque sean una sentencia de un futuro complejo al momento de tener que rendir cuentas sobre su accionar.
Las empresas estatales y privadas cargadas con plantas, maquinarias y equipos obsoletos, por los años de menor actividad, se han sentido cada vez más tentadas a ofertarlos como chatarra. Si bien el Estado está detrás de algunos de esos procesos, también se han registrado robos de equipos para venderlos con ganancias, según reseña Forbes Colombia en un trabajo periodístico de 2022.
La chatarra que se exporta surge del desmantelamiento de equipos en desuso de la estatal PDVSA y otras empresas públicas, de obras de construcción paralizadas y de vieja maquina privada, dijeron unas 15 fuentes entre empresarios de varios sectores, transportistas, trabajadores y funcionarios.
En el mercado internacional la tonelada de chatarra, dependiendo del tipo de material, ronda entre los 300 y 700 dólares la tonelada. Mientras, los privados locales compran la chatarra a precios entre 80 y 120 dólares la tonelada, dijeron dos fuentes y dos transportistas a Forbes.
El caso Bismark Carretero y su empresa Pegasus Group:
Bismark Francisco Carretero Reyes, presidente de la Empresa Pegasus Group, es un joven egresado de la Escuela Técnica de la Aviación Militar venezolana en 2008 y en el año 2019 solicitó su retiro el cual le concedieron formalmente. Lo que no sabía Carretero ¿o quizá sí?, es que al año siguiente su vida daría un giro de 180 grados y pasaría de ser un “humilde servidor de la Patria” con muchos accesos al poder por las relaciones que había tejido en el ámbito de la aviación, a ser uno de los mayores jugadores del negocio de la chatarra en el país.
La empresa Pegasus Group registrada en República Dominicana bajo el número 560455 de fecha 28 de Agosto de 2019 (mismo año en el que Carretero se retiró de las Fuerzas Armadas), maneja cerca del 40% del sector chatarrero de manera directa y a través de otras empresas fachada con las cuales desvían las asignaciones de material estratégico para no despertar las alarmas de las autoridades.
El desmantelamiento de empresas del Estado pareciera ser ahora una practica recurrente por este tipo de grupos que sin mirar las consecuencias y saltándose todos los controles, se han encargado de crear una red de sobornos para hacerse de mayores riquezas al comprar material a muy bajo costo y revenderlo a precios internacionales.
También están siendo desmanteladas obras en las que el gobierno había hecho grandes inversiones y que habían quedado en el abandono. Este es el caso de los proyectos inconclusos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de corrupción y soborno en varios países de América Latina, así como los planes de infraestructura que quedaron a medias relacionados con los acuerdos con China como resalta una investigación de connectas.org.
Tanto dinero por supuesto es imposible de ocultar. Fuentes cercanas a la investigación revelan que el estilo de vida del Grupo Pegasus está lleno de excentricidades y lujos tras la adquisición de tierras, propiedades, flotas de vehículos e inversiones en negocios de entretenimiento muy diferentes al sector en el que normalmente operan.
